Las agencias de cobranza harán cualquier cosa para que les paguen, o al menos hasta ahora.

De 2000 a 2004, Steve Abraham gastó los ahorros de su vida cuidando a su hermano moribundo.

Cuando el hermano de Abraham se enfermó en el 2000, dejó su trabajo para cuidarlo. Ya que eran la única familia que cada uno tenía.

Quince años más tarde, Abraham tuvo que cargar con $30,000 en deudas de tarjetas de crédito y las compañías de tarjetas de crédito empezaron a llamar.

“Las facturas seguían aumentando, no podía soportarlo más”, dijo Abraham. “Iba a declararme en bancarrota”.

Abraham comenzó a investigar a los abogados de bancarrota para darse cuenta que le costaría miles de dólares que no tenía.

Pero por suerte, Abraham encontró otro tipo de abogado, uno con 38 años de experiencia con más interés en ahorrar dinero a las personas mayores que en venderles servicios de manejo de deudas o bancarrotas que no necesitan.

HELPS está aquí

Eric Olsen es el director ejecutivo de un bufete de abogados sin ánimo de lucro llamado HELPS (Helping Eliminate Legal Problems for Seniors and Disabled, en inglés) que lleva funcionando unos ocho años

Una ley de protección al consumidor llamada Ley de Prácticas Justas en el Cobro de Deudas (FDCPA, por sus siglas en inglés) establece que es ilegal que un cobrador se ponga en contacto con alguien sabiendo que tiene representación legal.[1] HELPS proporciona ese escudo legal a los ancianos por una pequeña y asequible cuota basada en sus ingresos.

Más de un tercio de las personas mayores tienen deudas de tarjetas de crédito, normalmente por un total de $31,000, según un informe de 2016 de la organización sin fines de lucro The National Council on Aging.[2]

Una investigación publicada por la Oficina Nacional de Investigación Económica muestra que el segmento demográfico de 65 años y más es el de mayor crecimiento de la población en términos de declaraciones de bancarrota.[3] El número de personas mayores de 65 años que se declaran en bancarrota ha aumentado en más de un 200% desde 1991.[4]

La razón principal de esas presentaciones son las tasas de interés y los honorarios de las tarjetas de crédito.

Muchos de esos ancianos no necesitan, y probablemente no pueden permitirse, declararse en bancarrota. Abraham dijo que le habría costado entre $1,000 y $2,000 que no tenía. El costo de la bancarrota del Capítulo 7 puede variar entre $500 y $3,500 y el Capítulo 13 puede costar hasta $6,000.[5]

Ciertos ingresos por jubilación, discapacidad y beneficios para veteranos, así como los activos, están legalmente protegidos de los acreedores en virtud de la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas.

Mientras practicaba la ley de bancarrota durante casi cuatro décadas, Olsen aconsejó a los clientes senior empobrecidos que no se declararan en bancarrota porque la mayoría de sus ingresos están protegidos de los cobradores de deudas.

“Les diría que los acreedores no pueden hacerle nada”, dijo Olsen. “Pero cuando vuelven a casa los acreedores llaman y les hacen la vida imposible”.

Cómo mantener a un acreedor callado

La mayoría de los ancianos no saben que ciertos ingresos y bienes están protegidos o que existe asistencia jurídica asequible.

Abraham debía $30,000 repartidos en 14 tarjetas de crédito diferentes, algunas con tasas de interés tan altas como el 24 al 30%.

El anciano de 76 años vive con $1,739 de la Seguridad Social y la pensión cada mes, con $1,000 de alquiler. Para mantenerse alimentado, no hay forma de que pueda pagar las tarjetas de crédito.

Abraham fue proactivo cuando sus acreedores comenzaron a llamar y enviar cartas de pago. Al hacerlo, nunca fue contactado por un solo cobrador de deudas.

“HELPS envió cartas diciéndoles que yo era a prueba de juicio [ENG] y que no tenía los ingresos para pagar la deuda y que no se pusieran en contacto conmigo”, dijo Abraham. “Me evitó recibir llamadas o cartas de acoso”.

Los clientes de HELPS tienen representación legal de por vida en los 50 estados por parte de su equipo de cuatro abogados de deudas de consumidores y su equipo de asistentes legales.

Ha pasado casi un año desde que Abraham se puso en contacto con HELPS. Descansa tranquilo por la noche sabiendo que una deuda de cinco cifras ya no lo persigue.

“Puedo decir por mi reporte de crédito que todas mis cuentas de tarjetas de crédito han sido canceladas”, dijo Abraham. “No he escuchado ni una palabra de un acreedor o de sus agencias.”

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About the Author

Joe Pye

Joe Pye

Joe Pye started writing about debt and personal finance five years ago while attending Florida Atlantic University, where he served as Editor-in-Chief of the student-run newspaper, the University Press. Before graduating with a bachelor's degree in multimedia journalism, Pye placed as a finalist for the Mark of Excellence award by the Society of Professional Journalists Region 3 for feature writing and in-depth reporting. In 2021, Pye earned First Place in the Green Eyeshade awards for "Best Blog" for his side-project BrowardBeer.com. Since taking a full-time position as associate editor at Debt.com in 2018, Pye has become a certified debt management professional who's applied what he's learned to his personal life by paying down more than $22,000 worth of combined credit card, student loan, auto and tax debt in less than two years.

Publicado por Debt.com, LLC